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Niños huérfanos de familia y gobierno: los abandonan, los quieren adoptar, pero quedan atrapados en la burocracia legal

Cuando un infante queda en custodia de la autoridad, esta es responsable de resolver si podría ser sujeto de adopción. Pero en México no suele sancionarse a quienes no priorizan definir la situación jurídica de los menores de edad que, en su mayoría, quedan atrapados en limbos jurídicos hasta que alcanzan la mayoría de edad. Así pierden la oportunidad de tener una familia y terminan en la calle.

DESDE HACE DÍAS los vecinos de una unidad habitacional escuchan llantos de una bebé en uno de los departamentos. Están inquietos, pero temen hacer algo. Finalmente, uno se atreve a llamar la patrulla.

Al llegar la patrulla, los vecinos explican lo ocurrido. Cuentan, preocupados, que además han observado que la mamá de la pequeña sale desde temprano y se va por muchas horas.

Después de que los patrulleros hablan con los vecinos fuerzan la puerta y se encuentran a una bebé de meses sentada en el piso. Está en muy mal estado de higiene, con un plato vacío con restos de comida vieja alrededor. La bebé está llorando y con miedo. Deciden llevársela para presentarla ante el Ministerio Público.

La madre explicará luego a la autoridad que se encuentra sola en Ciudad de México; que vino de Chiapas, que no conoce a nadie más y que consiguió un empleo como personal de limpieza para oficinas y que no tiene quien le cuide a su hija. También explica que procura dejarle comida y regresar a la hora de su descanso. Que no quería hacerle daño.

La mujer, que cuenta uno o dos grados de primaria y no puede comprobar su identidad porque sus papeles están en su pueblo, es detenida. La acusan de “omisión de cuidados”. Luego la dejarán en libertad, pero queda pendiente comprobar su identidad. Nunca volverá a aparecer.

Así comenzó el intrincado camino de Sara, una bebé de ocho meses que tuvo que ser retirada de su mamá. Aunque el delito varía en cada caso, en México la omisión de cuidados es muy común a escala nacional.

Es el gobierno, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, el que decide en qué institución de cuidado alternativo colocará al menor en cuestión. La institución de asistencia social puede ser pública (del DIF) o privada (supervisada por el DIF).

La posibilidad de que un infante sea adoptado depende de que se resuelva su situación jurídica. De no ser resuelta, como sucede en muchas ocasiones, el menor en cuestión permanecerá hasta la mayoría de edad en una institución de cuidado alternativo y, luego, será enviado a la calle.

Tanto el DIF como el Ministerio Público adscrito al caso de cada menor de edad y, en algunos casos, la institución que los recibe tienen la facultad para resolver la situación jurídica de cada niño. Cada una de estas instancias cuenta con el poder, la facultad jurídica y la autoridad para lograrlo, pero en la ley no existen plazos ni la obligación para hacerlo.

En caso de, primero, no poder ser reintegrados a su familia, se debe llevar el juicio de Pérdida de Patria Potestad y, después, de ser posible, el Juicio de Adopción.

CAMINO LEGAL A LA NADA

Una vez que se comete un delito en contra de un infante y que interviene la policía, el menor queda a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México. La Procuraduría notifica al DIF, pero el DIF no cuenta con instalaciones propias en Ciudad de México, por lo que tiene que canalizar al infante a alguna institución de cuidado alternativo, comúnmente llamadas casas hogar o albergues.

Sin embargo, antes de llegar a una casa hogar los menores sin cuidados parentales, como el caso de Sara, que actualmente está a cargo del gobierno capitalino, recorren un largo camino. Una vez retirados del adulto que estaba a su cargo, los menores son trasladados por policías a la Agencia 59 del Ministerio Público —especializado en niños, niñas y adolescentes.

La Agencia 59 alberga a los menores víctimas de algún delito que, en teoría, deben estar ahí hasta 72 horas, en espera de que llegue algún adulto que se haga responsable de su custodia. La realidad es que, en esta agencia, los menores de todas las edades —desde bebés hasta adolescentes— permanecen en el lugar sin contemplar sus necesidades específicas y, a veces, hasta semanas que se logra se les canalice a alguna institución para su cuidado o al Centro de Estancia Transitoria (CET).

El día que Sara quedó sola, nadie llegó por ella. Por lo que fue canalizada al CET de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México.

El CET, como su nombre lo indica, es un centro pasajero desde donde un menor es canalizado a un albergue del DIF o particular, según el perfil de cada niño. Es decir, su edad, género, si tiene alguna necesidad especial. Cada institución cuenta con el perfil de menor que en teoría aspira a poder cuidar. De hecho, existen instituciones que reciben lo mismo a niños que a adultos, lo cual complica aún más la posibilidad de que tanto menores como adultos sean atendidos adecuadamente.

La mamá de Sara no ha vuelto a ser localizada. Y no se cuenta con datos de contacto ni nombres de otro familiar de la pequeña que pasó siete meses en el Centro de Estancia Transitoria, y una vez que la autoridad agotó la posibilidad de reinserción familiar probable, el DIF canalizó a un centro de cuidados alternativos: en este caso, la Casa Hogar y Futuro, A. C.

AUTORIDAD, REBASADA

Hogar y Futuro, A. C. fue fundada en 1993 y es una casa hogar que, como su nombre lo indica, se plantea brindar un hogar a los menores que llegan con ellos, que forjen un futuro y tengan la oportunidad de crecer en una familia.

Para ello, han decidido encargarse de resolver la situación jurídica de cada uno de los menores que les son canalizados. Es decir, resuelven que sean reintegrados a su familia de origen y, de no ser posible esto, promueven su adopción con una “familia de corazón”, como la llama Marielena Hernández, directora de la casa hogar.

La adopción es una de las opciones contempladas por la Convención de los Derechos de la Infancia promovida por la ONU, desde 1990, como medio alternativo de cuidado por parte de los países para proteger a los infantes sin cuidado parental.

En teoría, no deben pasar más de seis meses para que se determine el estatus jurídico de un menor, pero es muy raro que esto suceda. “La realidad es que la autoridad está totalmente rebasada, y cuando llegan a una institución [los infantes] dejan de ser una preocupación y se convierten en un expediente”, comenta Hernández.

Las instituciones de cuidado alternativo tienen firmados convenios con el DIF y con las procuradurías para que se lleve su registro y con base en ello se realicen supervisiones; pero esto no sucede con regularidad. La también licenciada en pedagogía y maestra en terapia familiar señala que las visitas que reciben son de forma errática. En ocasiones reciben supervisiones por parte de la Secretaría de Salud, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y del DIF de forma casi consecutiva o a veces pasan años sin que estas tengan lugar.

Marielena Hernández destaca que el primer derecho de un niño que llega a ser cuidado por el Estado es restituir su derecho a vivir en familia. Por lo que, la institucionalización de un niño “no debe ser un destino, sino un paso”.

Niños huérfanos de familia y gobierno: los abandonan, los quieren adoptar, pero quedan atrapados en la burocracia legal

LUCRAR CON LA INDEFENSIÓN

Al no existir una ley que sancione el que no se llevan a cabo los procesos legales para definir la situación jurídica de los menores de edad, estos quedan indefensos por segunda ocasión. Primero, a manos de la familia en la que nacieron biológicamente y de la que fueron expulsados; después, a manos del propio gobierno.

Por esta omisión en la ley, la gran mayoría de las instituciones asistenciales no busca resolver la situación jurídica de los infantes que les son canalizados, convirtiendo lo que debería ser una estancia pasajera del menor en la única estancia que conocerán en su vida.

Además, se pueden beneficiar económicamente por tener a estos niños, al poder recibir donaciones particulares y ayuda gubernamental.

A los beneficios económicos se agrega que algunas instituciones pueden ahorrarse los gastos por contratación de abogados —quienes podrían iniciar un juicio especial de pérdida de patria potestad para aquellos menores en situación de desamparo, acogidos por una institución pública y privada de asistencia social y dar seguimiento al proceso hasta su definición—. Un juez podría resolver la situación jurídica de un menor, quien tendría la oportunidad de vivir en familia si se considerara que pudiera ser adoptado.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indica que el Estado mexicano recibió en 2015 una observación por parte del Comité de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas que señala que no existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades; que el número de niños y niñas privados de un entorno familiar es desconocido; que la institucionalización continúa siendo la opción priorizada y que existe una supervisión inadecuada sobre las instituciones de cuidado alternativo. Toma como ejemplos recientes los casos de abuso y negligencia encontrados en los albergues Casitas del Sur y Mamá Rosa.

El caso Casitas del Sur salió a la luz en 2008 cuando un juez otorgó la patria potestad de la menor Curiel Martínez a su abuela materna, quien al acudir a la casa hogar se enteró de que no estaba ahí. Este escándalo permitió que se descubrieran varias desapariciones de menores a manos de miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada: personas que fundaron la casa hogar y entregaban a los menores a otros integrantes de la congregación. En 2009, la Procuraduría General de Justicia del DF inició una investigación y 126 menores fueron rescatados.

Sobre el caso “mamá Rosa”, en 2014 la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo un cateo y comenzó una investigación sobre el albergue la Gran Familia, administrado por Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como “mamá Rosa”. Casi 500 niños que se encontraban en estado de desnutrición, viviendo en condiciones insalubres y deplorables fueron rescatados. En el albergue habitaban más de 600 personas, desde recién nacidos hasta adultos de 40 años. Algunos declararon haber sido obligados a pedir dinero y también haber sido víctimas de abuso sexual.

La ONU ha pedido al DIF que, como responsable legal de los más de 30,000 niños y adolescentes que había hasta 2015 en 879 centros de cuidado alternativo en el país, informe públicamente sobre el avance en la certificación de las instituciones de cuidado alternativo. La Redim ha advertido que existen, además, otros 29,000 menores sin cuidados familiares ni institucionales.

“Sin el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (promulgada en 2014) nuestro país seguirá descubriendo infiernos como La Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato, o La Gran Familia de ‘mamá Rosa’ en Zamora, Michoacán, que en circunstancias similares de institucionalización masiva mantuvieron bajo la complicidad de autoridades locales y políticos en turno un trato inhumano a cientos de niñas, niños y adolescentes enviados a estos lugares por los DIF estatales”, explica de forma contundente el documento de Naciones Unidas.

Por su parte, Edith Díaz Milanesio, abogada especialista en adopciones, agrega: “Hay mucha tolerancia al maltrato, al abandono, a la explotación infantil y, sobre todo, al fenómeno de los niños de la calle y también al fenómeno de los niños que permanecen institucionalizados hasta la mayoría de edad”.

ABANDONO DE HECHO, NO DE DERECHO

Entre 2014 y 2017, el DIF de Ciudad de México recibió 1,590 infantes. En 2017, solo 11 fueron adoptados. En Hogar y Futuro, A. C., institución adonde llegó la pequeña Sara, se han logrado 12 adopciones de una población de 25 menores durante 2017.

Para tener la facultad de resolver la situación legal de los menores, las instituciones interesadas en hacerlo solicitan el “mandato general”, facultad que se adquiere con firma ante notario público. Sin embargo, se reitera, no existe una ley que obligue a que la estancia de los menores de edad en una institución asistencial sea solo un paso y no un destino. La mayoría llega como niños y en las instituciones se convierten en adolescentes para después, a los 18 años, quedar en el desamparo de la calle sin haber tenido la oportunidad de vivir en familia.

En la mayoría de los códigos civiles de los estados, la prerrogativa por decreto para regularizar la situación jurídica de los menores la tiene en exclusiva el DIF que, en automático, es tutor de todos los menores.

El Sistema DIF nacional, estatal y municipal se ve rebasado en infraestructura humana y económica para realizar la cantidad y calidad de procesos legales para definir el estatus legal de los menores de acuerdo con Marielena Hernández, directora de Hogar y Futuro.

La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) señala que los derechos de los infantes que están en riesgo de perder cuidados parentales, así como los menores que ya los han perdido, reciben violaciones sistemáticas, comenzando por el derecho a vivir en familia y comunidad.

“Muchas familias en nuestro país quieren adoptar y muchos niños institucionalizados en situación de abandono quieren papás, pero desafortunadamente la situación legal indefinida de estos niñas y niños se convierte en el infranqueable ‘Muro de Berlín’ que los separa. En esa indefinición legal que los hace no susceptibles ni candidatos de adopción, hay muchísimos niños mexicanos, ‘abandonados de hecho pero no de derecho’ pues, desafortunadamente, sus padres ausentes conservan la patria potestad y derechos sobre ellos”, explica la abogada Díaz Milanesio.

Díaz Milanesio trabaja con varias instituciones asistenciales. Observa que la prioridad para la autoridad en México es que el niño “sea reintegrado a su núcleo familiar”. Sin embargo, no existe un tiempo límite para concluir las investigaciones en cuanto a la posibilidad de que el menor sea reintegrado o no. A propósito, la jurista enfatiza: “Sería importante que las leyes establecieran términos para que se lleven a cabo las acciones legales correspondientes y se evite la institucionalización indefinida o permanente de menores de edad y que, en caso de encontrarse en desamparo, se le restituya de inmediato su derecho de vivir en familia y pueda acceder rápidamente a una adopción”.

La primera fase, la de la reintegración de cada menor, dura en promedio un año por parte del DIF y la Procuraduría. “Cuando empezamos a hacer un juicio de pérdida de patria potestad es porque tenemos un oficio por parte de las autoridades, en este caso por parte del DIF de CDMX, en donde consta que el menor de edad no pudo ser reintegrado a su núcleo familiar, trámite que también lleva tiempo y esfuerzo para conseguir” comenta Marielena Hernández.

Con oficio en mano, ahora las instituciones que han decidido encontrar una familia para los menores deben recabar la documentación legal del menor. Una vez que logran juntar estos documentos, los abogados contratados con los propios recursos de estas instituciones civiles pueden empezar el procedimiento de pérdida de patria potestad.

“Aquí lo que pasa es que se vuelve a repetir todo el procedimiento que ya se haya hecho antes porque el juez necesita garantizar que no hay ningún familiar alterno que pudiera ejercer la patria potestad o ser titular de la patria potestad”, precisa la directora de Hogar y Futuro.

En la instancia del juicio de pérdida de patria potestad es raro que se presente algún familiar, pero por la disposición de preferir la reintegración a la pérdida de patria potestad, los procedimientos se pueden llegar a alargar sin una resolución efectiva para los menores.

“Si aparece algún familiar en el juicio de pérdida, a veces manifiestan algún interés y los jueces suelen dar muchas oportunidades para intentar que los niños se reintegren”, explica Marielena Hernández. Cada nueva audiencia o valoración implica tiempo.

Por lo tanto, el juicio de pérdida puede ser de muchos meses o hasta años. “Hay casos en los que se requiere repetir estudios, búsquedas, citatorios y plazos con meses entre uno y otro, sobrecarga de trabajo en los juzgados y el tema de criterios distintos en los juzgados. Aunque en teoría debería haber cierta uniformidad, cada juez tiene sus preocupaciones”, sostiene.

Entre más tiempo pasa en cada proceso judicial, los niños van creciendo y permanecen más años en una institución, por lo que se reducen las posibilidades de ser adoptados.

Hasta que una institución, como es el caso de Hogar y Futuro, logra concluir un juicio de pérdida de patria potestad, empiezan a buscar una familia adoptiva para el menor en cuestión. Y es que, “al no tener la absoluta certeza de poder promover el juicio de adopción, no podemos poner en riesgo el bienestar emocional de ese niño, y como hasta el último momento puede surgir algún familiar, hasta que no esté ratificada y ejecutada la sentencia lo hacemos”, refiere Hernández.

FORJANDO AMOR Y FUTURO

Cuando una nueva fase arranca, a veces se cuenta con muchas opciones para el menor cuya situación jurídica ha logrado ser resuelta. Pero no siempre es así. La titular de Hogar y Futuro explica que influyen la edad y las características, “porque aparte pretendemos no atender solicitudes de adopción, sino buscar familias para nuestros niños”.

En el cunero de Hogar y Futuro, que concentra bebés y niños de cero a tres años, se lee en los juguetes: “Sara, María, Yoselyn, Carlos…”. Y es que cuando llega un menor se le regala un juguete nuevo, también en su cumpleaños y el día en que se van. Cada juguete es marcado con el nombre del niño, o en la mayoría de los casos, del que fue su dueño. Sara, como llegó de bebé, tiene varios juguetes marcados con su nombre, a los bebés se les ayuda a escoger un juguete apto para su edad, pero los niños más grandes pueden elegir libremente su juguete del “Cuarto de las Maravillas”. En realidad es un pequeño cuarto y tres de las cuatro paredes que lo conforman están llenas de juguetes para todos los gustos y edades.

Algunos niños ya viven en familia y los que no han podido tener su situación jurídica resuelta, ahora están con “los grandes” —de tres a seis años.

Horarios, especificación de dietas especiales para cada menor y otras consideraciones son escritas en pizarrones blancos con plumón. Muchos, aunque por su edad deberían comer sólidos, no lo pueden hacer por el grado de desnutrición en la que llegan. Deben ir cambiando su dieta, poco a poco, hasta que puedan comer de todo mientras no sean alérgicos a algún alimento. En otro pizarrón se lee: “Luis está en la escolta, todos los lunes va de blanco”.

Cuando están en el cunero no hay necesidad de dividir la ropa, pero mientras van creciendo, sobre todo a las niñas, les gusta escoger su ropa y diferenciarse. Cada niña de tres a seis años tiene un lugar apartado con su nombre en el clóset. También están sus zapatos favoritos, los que les quedaron y escogieron desde que pudieron expresarlo, aparte de los nuevos.

En la mayoría de las ocasiones se conoce muy poco o nada sobre el pasado de los menores que llegan a alguna institución. Se conoce el delito que se cometió en su contra, pero no lo que ocurría en su día a día: ¿qué comían, qué palabras escuchaban, tenían un juguete con el que dormían?

Sara llegó desde los ocho meses, pero poco se conoce sobre su pasado. Ahora toda la energía de sus tutores se concentra, en este caso Hogar y Futuro, A. C., en su presente pero, sobre todo, en su futuro.

A finales de 2017, el cunero de Hogar y Futuro estaba casi vacío. A principios de este año había 12 bebés. Ahora solo quedan tres porque los demás ya encontraron una familia. Esto es motivo de celebración para todos: sus guías que los cuidan diario, la directora, la psicóloga, la doctora, los abogados encargados del caso, las cocineras, los vigilantes, la señora encargada de la lavandería, las voluntarias, todos se congratulan.

El cuidado de niños y bebés se logra con agendas, turnos, escuela, comida, apapachos, pasteles de cumpleaños, piñatas, celebraciones del Día del Maestro, de la amistad. Ninguna celebración importante se deja atrás. Sin embargo, es en las sutilezas en donde se encuentra el amor y la dedicación con el que se cuida a cada uno de los infantes que llega.

Las guías son expertas en entender a cada uno e ir conociéndolos. Existen dos síntomas con los que la mayoría de los niños o bebés llega: con piojos y desnutrición. Lo primero tiene arreglo casi enseguida, pero para lograr paliar la desnutrición las guías son puestas a prueba en su paciencia, ingenio y cariño.

Muchos de los bebés que ya tienen sus dientes no saben comer. Es el caso de Ana, de un año, que llegó a principios de este junio y solamente aceptaba tomar agua sin problemas. Ni la leche ni alimentos sólidos quería comer a pesar de estar muy flaquita. Aunque no caminaba, parecía más niña que bebé porque su carita era delgada al igual que su complexión.

En el cunero hay tres guías y, hasta el momento, seis bebés. Cada guía ha intentado a su manera personal que Ana se interese en comer. Aplauden, dicen “mmm, qué rico”, tocan “la puerta” en la mesa para que su atención regrese al plato de comida.

La casa hogar tiene una enfermería en la que una doctora hace visitas seguido para revisar y curar a los niños y bebés que lo requieran. Los nuevos ingresos siempre son atendidos enseguida por la doctora. En un pizarrón ha dejado apuntado: “Insistir en que Ana coma, sola, acompañada o como sea”. “Tiene que ir haciendo estomaguito”, explica una de sus guías.

Han pasado tres semanas desde que Ana llegó y ya come. No todo lo que hay en el plato, pero ya lo hace. Una de sus guías descubrió que le gusta tomar la leche acostada y sola, no sentada en mesa alta ni cargada.

Otro avance que dieron con la pequeña es que notaron que cuando llegó estaba muy temerosa de todo el mundo —de los adultos, niños, y bebés con quienes compartía el cunero—. No ha transcurrido ni un mes y la desconfianza hacia los otros no ha desaparecido por completo, pero se avanza. Ya casi no llora cuando conoce a un adulto, y ya no le teme a los niños y bebés. Se le empiezan a formar cachetitos con color y su semblante es alegre.

Hay otra nena, Anahí, quien llegó a los 1.8 años. Pese a tener varios dientes y buen semblante, al comer se atragantaba. No sabía masticar. Poco a poco le fueron enseñando a hacerlo y a disfrutar cada bocado para evitar atragantarse. Tres meses después de su llegada ya come sola, mastica bien y disfruta mucho su comida —casi siempre repite plato.

UN PUENTE, UNA FAMILIA

En 2016, en Hogar y Futuro, como caso extraordinario, se celebraron tres adopciones juntas. En su mayoría, las adopciones se celebran individualmente, pero los tiempos permitieron hacer en esa ocasión una gran celebración. Hubo tres pasteles, uno por cada menor y en cada uno se leía: “Que seas muy feliz”.

Ese día partieron a vivir en una familia dos niños y una niña de cinco años. Sus amigos de la casa hogar lo celebraron comiendo pastel y jugando. También se les dieron globos con caritas felices para soltar en el cielo y pedir un deseo.

Un año más tarde, en 2017, Mónica, otra pequeña de cinco años, fue adoptada. En su juicio de adopción, la pequeña le dijo al juez que estaba preocupada porque no se había podido despedir de Leti, una de sus guías que tenía el turno de noche y a veces el matutino de los fines de semana. El juez ordenó que se hicieran los arreglos necesarios para que se despidiera de ella.

Su ahora mamá le dejó un mensaje de voz a Leti de parte de Moni en donde le decía que la quería mucho. Leti ya le había explicado antes del día de su entrega en adopción que sus papás eran un regalo de Dios y que iba a estar muy bien cuidada. Que Dios se había tardado en mandarle unos papás porque estaba buscando los mejores para ella.

Este julio se lograron seis adopciones más. Y aún hay otros niños que esperan. Como Miguel y Carlos, que aguardan a que su estatus jurídico se defina. Ellos son los mayores: tienen siete y ocho años, respectivamente, y ya van a la primaria.

Aunque los niños que se reciben son de cero a seis años, si pasa el tiempo y llegan a rebasar el límite de edad, en Hogar y Futuro se hacen excepciones para lograr que los niños vivan donde son queridos y cuidados. A Miguel y Carlos les encanta el futbol, al par de amigos los llevan a prácticas dos veces por semana. En uno de los letreros blancos de la casa hogar se lee en plumón: “Lunes 2 (de julio, día que jugó México vs. Brasil), todos con playera de México, Miguel y Carlos salen a la escuela con playera de México”. Entre balones transcurre su vida, mientras se define su situación jurídica.

“Desgraciadamente a nadie se le ha ocurrido, y es una pena, que no existe una obligación dentro de la ley que diga que llueve, truene o relampaguee, al año de que un niño fue abandonado, o a los seis meses, se tiene que llevar su caso a un tribunal. No hay una obligación”, explica la abogada especialista en adopciones Edith Díaz Milanesio sobre la ausencia en la ley que delimite en tiempo y forma la situación jurídica de los menores sin cuidado parental.

Sara ya tiene tres años, y desde que se fueron en adopción unas hermanas gemelas de su rango de edad con quienes creció en el cunero, a diario pregunta: “¿Y mi mamá, ya va a venir mi mamá?”.

“Hay una familia para todos y cuando tu corazón esté listo, tu familia va a llegar”, es lo que responde Marielena Hernández a los niños que inquieren sobre su futuro. Les explica que Hogar y Futuro, donde ahora viven, es como un puente donde “cada uno va caminando por él hasta que llega a encontrar a su familia”.

* Los nombres de los niños y bebés han sido cambiados en este reportaje para respetar su privacidad.

Tags: adopciónjurismomenores de edadPGR

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